Con un plantón pacífico frente a las instalaciones del CAMI, familiares de un grupo de reclusos de los calabozos del Centro Administrativo de Itagüí y la subestación de policía de Los Gómez, exigieron respeto a los derechos de los presos que actualmente sufren necesidades básicas.
En estas instalaciones se presenta una fuerte crisis de hacinamiento, tienen capacidad para 30 prisioneros y en el momento hay 127 personas privadas de su libertad.
“Tenemos una problemática sentida hace aproximadamente dos años, pero en los últimos meses se ha acrecentado debido a que el INPEC y la cárcel La Paz ha restringido recibir cualquier preso en los últimos meses. Necesitamos que el gobierno nacional genere políticas claras en el tema carcelario, que las cárceles y entes judiciales hagan un plan de descongestión para nosotros poder llevar a estas personas a los lugares que compete” explica Eduardo Ariza, Secretario de Gobierno.
Las familias además manifiestan que los alimentos que el INPEC está suministrando a sus seres queridos, están llegando en estado de descomposición, al parecer el proveedor encargado no está cumpliendo con las normas mínimas de higiene y por ello la comida se está dañando.
La Corte Constitucional realizará en el mes de abril una visita al departamento para analizar si se está cumpliendo con la protección de los derechos de los presos y además la alcaldía de Itagüí está realizando veeduría a través de la Personería.
