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La llamada muerte política vuelve a instalarse en el centro del debate nacional. El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, entre ellos la senadora antioqueña Berenice Bedoya, una decisión que abre un proceso administrativo de alto impacto político y jurídico.
La admisión de la demanda no implica una condena, pero sí activa un escenario que podría derivar en la salida definitiva del Congreso, con efectos inmediatos sobre su futuro electoral y su estructura política. Bedoya es reconocida además como jefe política del concejal de Itagüí León Mario Bedoya, lo que amplía el alcance del caso más allá del ámbito nacional.
Un proceso que nace del escándalo de la UNGRD
La demanda está relacionada con el escándalo de presunta corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad señalada por el posible desvío de recursos públicos con fines de articulación y respaldo político.
El Consejo de Estado deberá establecer si los congresistas investigados incurrieron en causales graves como tráfico de influencias, indebida destinación de recursos públicos o violación del régimen de incompatibilidades, faltas que, de comprobarse, conllevan la pérdida inmediata de la investidura, la sanción más severa para un congresista en Colombia.
Este proceso se produce en un momento especialmente sensible: varios de los involucrados, incluida Bedoya, buscarían repetir periodo en el Congreso, lo que convierte la investigación en un factor determinante de cara al próximo escenario electoral.
Investigación penal avanza en paralelo
De manera simultánea, la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones penales por presuntos hechos de corrupción relacionados con el mismo entramado. En el caso específico de Berenice Bedoya, el alto tribunal analiza posibles gestiones políticas orientadas a la obtención de contratos o proyectos, primero en entidades como Invías y posteriormente en la UNGRD.
La línea de investigación se concentra en el eventual uso del poder político para influir en la asignación de recursos públicos, un patrón que, de ser probado, podría configurar responsabilidades penales además de las administrativas.
La pérdida de investidura, concebida como un mecanismo excepcional para proteger la ética pública, vuelve a cobrar relevancia en un contexto de desconfianza ciudadana frente al ejercicio del poder. En este caso el desenlace de Bedoya y los demás congresistas no solo definirá el futuro de los corporados, sino el uso del poder político para influir en la asignación de los recursos públicos.
